No son yuanes, son bolívares. Ayer, en un operativo conjunto de la Sundde y Sudebán, en San Francisco, detectaron en el comercio asiático Supertienda El Baratón, ubicado en Los Cactus, cajas que contenían 17 millones de bolívares.

La fiscalización relevó la sospecha de “usura y boicot”, lo que obligó a los funcionarios a pedir el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana para detener al propietario, quien quedó aprehendido en la sede del comando 11 de la Guardia Nacional Bolivariana.

Alexandra Salazar, coordinadora de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en Zulia, informó a La Verdad que hay la presunción de delitos contenidos en la Ley del Precios Justos. Y es que vendía dinero mediante el uso de puntos de venta. Entre 20 y 30 por ciento cobraba por cada operación ilícita.

Explicó que investigan los comercios dedicados a retener el dinero “guardándolo en los establecimientos”, impidiendo depósitos y las normales operaciones bancarias para responder a los retiros que exigen los usuarios de la moneda. “Eso puede generar un colapso, un boicot nacional cuando el banco no maneja (suficiente) la divisa económica” venezolana.

Tras las pistas aportadas por el “poder popular” se inició el procedimiento. Destacó que “desde hace mucho tiempo” en el comercio giraban transacciones ilícitas -con cobro de avance de efectivo- que ahora las “hacen un poco más escondido porque hay operativos en la ciudad”.

Resaltó que “el Poder Popular siempre informa dónde se manejan los puntos de ventas y nosotros los investigamos, verificamos que sea cierto, y esa verificación nos genera una fiscalización. Se apertura el acta contra el ciudadano”.

Salazar ordenó con autorización del representante de la Sudeban enviar la cifra millonaria a depósito en cuenta del propietario. “No tocamos ese dinero, se determina que debe ir a su cuenta para que entre a la banca nacional”, mientras se ejecuta el proceso legal.

De acuerdo al artículo 55 de la Ley de Precios Justos, quienes cometan actos de boicot serán sancionados con 10 a 12 años de prisión, multas de mil a 50 mil unidades tributarias y “ocupación temporal hasta por 180 días. La norma 60 precisa para el caso de usura cuatro a seis años de prisión.

Sanciones 

Prisión de 10 a 12 años por boicot y cuatro a seis años por usura. Multas de mil a 500 mil unidades tributarias.

 




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