Dos ex guardias nacionales, un ex policía, un antiguo miembro de Contrainteligencia Militar, dos civiles, dos funcionarios de las FAES y el piloto rebelde, murieron en medio de un operativo cuyo nombre significa, en hebreo, “destructor” o “guerrero poderoso”

El pasado 15 de enero, nueve personas murieron durante el ataque de las fuerzas de seguridad del Estado a un chalet ubicado en El Junquito, en el municipio Libertador del Distrito Capital, en donde se refugiaba Óscar Pérez con seis de sus compañeros. Así acabó la historia del piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017, a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil en medio de las protestas antigobierno que el año pasado dejaron 158 caídos, de acuerdo a cifras y datos recolectados por Runrun.es.

Las identidades de los caídos fueron reveladas por las autoridades 30 horas después del suceso que el gobierno de Nicolás Maduro bautizó como la “Operación Gedeón” (que en hebreo significa “destructor” o “guerrero poderoso”). Solo dos de ellas pertenecían a los miembros de los cuerpos policiales que rodearon la vivienda. El resto eran de los miembros del grupo rebelde comandado por Pérez, y todos recibieron impactos de bala en la cabeza: dos ex guardias nacionales, un ex policía, un antiguo miembro de Contrainteligencia Militar, dos civiles y el piloto. Estas son sus historias

Óscar Pérez

Piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Su nombre saltó a las noticias el pasado 27 de junio de 2017, cuando robó un helicóptero policial para hacer explotar granadas sonoras en las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Durante ese vuelo, desplegó una pancarta en la que se leía “350 Libertad”, en alusión al artículo de la Constitución nacional que invoca la desobediencia civil. Esa misma noche, publicó un video en redes sociales para declararse en contra del gobierno de Nicolás Maduro, quien de inmediato lo tildó como “terrorista”.

Tras el incidente, los cuerpos de seguridad se lanzaron en su búsqueda, pero el escurridizo y telegénico piloto pudo mantenerse en la clandestinidad durante siete meses y, desde allí, difundir esporádicas apariciones en video para llamar al pueblo venezolano a luchar para lograr la libertad de Venezuela.

En septiembre pasado, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz lo puso a la cabeza de la lista de los criminales más buscados del país. En diciembre, asaltó un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en San Antonio de los Altos, donde junto a un grupo de hombres se robó decenas de fusiles y otras armas. “Y esto no es el fin de la guerra señores, esto es apenas un combate, pero pronto ganaremos nosotros la guerra”, dijo en un video que grabó para la ocasión.

El 15 de enero, a primeras horas de la mañana, informó en la cuenta de Instagram @equilibrogv que estaba rodeado por los cuerpos de seguridad del Estado. Dijo que se rendiría y pidió clemencia, pero tanto él como su grupo murieron dentro del chalet de El Junquito donde se refugiaban. El gobierno aseguró que nunca se entregó y que siguió disparándoles.

Daniel Enrique Soto Torres

El integrante de la llamada “Resistencia” tenía 30 años de edad. El joven vivió hasta principios de diciembre en la urbanización Sabaneta, de Maracaibo, estado Zulia. En esa ciudad estudiaba Comunicación Social en la Universidad Rafael Belloso Chacín y aspiraba graduarse en febrero de este año. Su familia no sabía que estaba con Óscar Pérez, aunque sí conocía sus ideales políticos. Semanas antes del suceso, se había despedido de los suyos diciendo que se marchaba a Barquisimeto a buscar trabajo con unos amigos.
La mañana del 15 de enero, Daniel llamó a su familia para pedirles perdón y aclararles que se había ido a luchar por un mejor país, de acuerdo con un testimonio recogido por El Pitazo.

El mismo medio señala que Daniel estuvo también al frente de las protestas de 2014 y 2017 en Maracaibo.

José Alejandro Díaz Pimentel

Una entrada de Wikipedia indica que era uno de los líderes del Movimiento Equilibrio Nacional, fundado por el piloto Óscar Pérez, y varios medios lo señalan como el segundo al mando de ese grupo. Fue uno de los que asaltó el cuartel de San Antonio de los Altos de la Guardia Nacional, en diciembre pasado.
José Alejandro se había desempeñado como funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Era padre de tres hijos, todos menores de edad. Según uno de ellos, José Alejandro vivía en Caracas junto a su familia y tenía varios trabajos para poder costear los gastos de todos.
“Él me decía que todas las cosas eran por nuestro bien y por un mejor futuro para Venezuela”, afirmó su hija mayor ante las cámaras el pasado 17 de enero.
Varios periodistas denunciaron que Dayana Santana, esposa de Daniel, llevaba seis meses detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Ella se enteró de su muerte a través de la rueda de prensa que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofreció al día siguiente de la masacre, cuando reveló las identidades de las víctimas.
Según el diputado y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, José Alejandro conocía a Heyker Vásquez, líder del Colectivo Tres Raíces y funcionario de las Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional, uno de los cuerpos de seguridad que rodeó el chalet donde se refugiaban. Fue él, dijo Cabello, quien le pidió a Vásquez, quien supuestamente era su vecino en el 23 de Enero, que negociaran su rendición, pero cuando el uniformado se acercó a la vivienda, José Alejandro lo mató.En 2011, el Tribunal Penal de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta imputó a José Alejandro por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles y robo agravado

Jairo Simón Lugo Ramos

Tenía 34 años y vivía en Maracaibo, estado Zulia, de donde era oriundo. Era pareja de la única mujer que fue víctima de la masacre: Lisbeth Andreína Ramírez. De acuerdo con familiares de ella, se acababa de graduar de abogado y era efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana.
Tanto él como su hermano, Abraham Lugo Ramos, participaron en el asalto al cuartel de la GNB en San Antonio de los Altos, que fue dirigido por Óscar Pérez en diciembre de 2017. Ambos murieron en la masacre.

Abraham Israel Agostini

Tenía 33 años y en los últimos meses trabajaba en una tienda de Caracas como mensajero. Su familia no lo veía desde el 15 de diciembre, cuando le dijo que se marchaba de casa para luchar por el país. Desde ese momento, su paradero fue desconocido. Era padre de 4 niños.
El 15 de enero envió una nota de voz a su madre para despedirse. “Estoy aquí con unos compañeros de lucha. Estamos rodeados, tenemos armas, hemos intercambiado disparos…”, le confesó y enseguida le dijo que estaban negociando con sus captores para entregarse y que estaban a la espera de los medios de comunicación y de fiscales del Ministerio Público. “Le envío esta nota para decirle que nos encomiende a Dios, que ore por nosotros y que se haga la voluntad de dios en nuestras vidas (…) La lucha es por el país, por la nación”, finalizó.
“Yo lo que le pido a la justicia es que se limpie el nombre de mi hijo, porque él no era ningún asesino ni ningún terrorista. Él sintió el dolor, el hambre, la escasez de este pueblo”, afirmó Celia Agostini Palomo, su madre.
Un allegado a Agostini informó a Runrun.es que Abraham había sido funcionario en Poliaragua y que también había estado en el Ejército venezolano.

Abrahan Noe Lugo Ramos

Zuliano y ex funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. De acuerdo con el CNE, estaba residenciado en Los Teques, estado Miranda. Tenía 30 años de edad.
Era hermano de otro de los caídos, Jairo Simón Lugo Ramos, y junto a él participó en el asalto al cuartel de la GNB en San Antonio de los Altos, estado Miranda, que fue dirigido por Óscar Pérez en diciembre de 2017.
En 2010, Abrahan fue imputado por intento de homicidio y robo agravado contra un hombre llamado Hugo Rojas, hecho ocurrido en el Kilómetro 37 de la Autopista Regional del Centro. Por este hecho estuvo recluido en Ramo Verde.

Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla

Es la única mujer que murió en la masacre y la única persona que, 24 horas después de los hechos, no había sido identificada por las autoridades. Su familia dedujo que se trataba de ella porque, en medio del ataque al chalet, envió una nota de voz: “A mi familia, que los quiero mucho, que me perdonen porque sé que ellos hablaron conmigo. Que me perdonen, que me perdonen (…) Oren por nosotros, por favor”, decía entre sollozos la joven tachirense de 29 años de edad. Al día siguiente, un allegado a los parientes se acercó a la morgue para verificar si efectivamente se trataba de ella. Y así fue.
Lisbeth se había graduado como enfermera en el Instituto Universitario Gran Colombia (IUGC) en 2010 y actualmente cursaba 4to año de Odontología. “Ella estaba estudiando con mucho sacrificio vendiendo cosméticos para comprar sus cositas”, dijo su madre en una entrevista concedida a la Televisora Regional del Táchira.
La víctima vivía en Maracaibo, estado Zulia, junto a otra de las víctimas: Jairo Lugo Ramos, un efectivo de la Guardia Nacional que se acababa de graduar de abogado.
Su familia ha insistido en que tanto ellos, como Lisbeth, tenían muy pocos recursos. “Ella tenía mucho tiempo sin comerse una arepita (…) Se limitaba de tantas cosas. Era la niña de la casa, era los ojos de mi mamita”, afirmó su hermana, Leidy Ramírez, el primer día que acudió al depósito de cadáveres en Caracas.

Nelson Chirinos Cruz

Funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (Unidad de Operaciones Tácticas Especiales) de la Policía Nacional.
El número de cédula de identidad suministrado por las autoridades durante su identificación no coincide con su nombre, sino con el de una mujer.

Heyker Vásquez

Líder del colectivo Tres Raíces, considerado como uno de los que concentra más poder de fuego (mayor cantidad de armamento) en la parroquia 23 de Enero. Desde el año pasado pasó a formar parte de las filas de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), razón por la que estuvo en la Operación Gedeón.
Según el diputado y segundo vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, fue asesinado por José Alejandro Díaz Pimentel cuando servía como mediador en el conflicto y negociaba la rendición de los rebeldes. Ambos, dijo el parlamentario, se conocían porque eran vecinos del 23 de Enero.
Al momento de identificarlo como víctima, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aportó información falsa y aseguró que se llamaba Andriun Ugarte.