La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, tildó hoy de “arbitraria” e “ilegítima” la prueba del polígrafo a la que el Tribunal Supremo ordenó someterla y consideró que representa una violación a los derechos humanos y al debido proceso.

   “No tengo ningún temor de someterme a la prueba del polígrafo, pero no puedo hacerlo si esa prueba es dirigida por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo, cuyo poder no reconozco”, dijo la titular del Ministerio Público (MP) en un vídeo institucional difundido a través de su cuenta en la red social Twitter.

   El Supremo venezolano decidió someter el próximo lunes a la prueba del polígrafo a la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general, jefes de las instituciones que conforman el Poder Ciudadano de la República.

Mira este vídeo

   El TSJ tomó esta decisión a petición del defensor, Tarek William Saab, que ha explicado que la medida forma parte de la investigación del máximo tribunal a Ortega por “calumnias hechas contra miembros del Poder Ciudadano”, en la que deberá establecer en los próximos días si hay motivos para enjuiciarla.

   Ortega reiteró que no formará “parte de este nefasto circo” que pretende, según ella, desviar la atención de los venezolanos de los “graves problemas” que los afectan, como la escasez de alimentos y medicinas y la inseguridad.

   La funcionaria sostiene que “con la decisión de aplicar esta prueba, tan cuestionada como la tortura, siguen violentando los derechos humanos, violentando el debido proceso y la dignidad de las personas”.

   Sin embargo, dijo estar dispuesta a “sacrificar” su derecho si quienes ordenan esta prueba “se comprometen a reconocer que es violatoria de los derechos humanos” y a que ningún otro venezolano será sometido a “esta arbitrariedad”.

   El defensor, por su parte, ha aceptado que se le efectúe la “prueba de la verdad” para esclarecer “los hechos donde la fiscal general acusó falsamente” a la Contraloría y la Defensoría del Pueblo de “no haber convocado, ni hecho” una reunión para preseleccionar magistrados del TSJ, cuya designación es considerada ilegítima por Ortega.

   Pese a sus orígenes chavistas, la fiscal se ha convertido en una de las voces más críticas del Gobierno y se ha declarado en rebeldía respecto a las sentencias del TSJ, que le ha congelado las cuentas bancarias y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares a su decisión sobre la existencia de motivos para enjuiciarla.