El padre de uno de los niños abusado sexualmente por un instructor de natación del colegio Emil Friedman de Caracas, solicitó ante el Ministerio Público sea investigada la maestra de la sección de primer grado a la que pertenecía el pequeño, por su responsabilidad en el hecho pese a que su deber era no dejar a los niños nunca solos.

Se trata de la docente Carmen Sánchez, quien pudo haber tenido una conducta omisiva que facilitó la actuación del docente de educación física, Richard Marín, señalado consistententemente por los niños como perpetrador del abuso. Pese a ello la maestra aseguró, al ser entrevistada por detectives del CICPC, que nunca había dejado solos a sus alumnos.

El señalamiento sobre la maestra es uno de varios elementos que fueron obviados por la fiscalía durante la investigación de los hechos, y que el padre considera como una demostración de que dentro del Ministerio Público, bajo la conducción de la extitular de esa instancia, Luisa Ortega Díaz, funcionaba una mafia que facilitaba la evasión de la justicia de presuntos violadores y otros delincuentes.

Asimismo pidió investigar la decisión intempestiva de relevar de la investigación del caso a la División de Protección de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes del CICPC (policía científica), la cual fue tomada por el exfiscal Felipe Hernández.

También que  se verifique la posible falta de diligencia en las experticias al sistema de vigilancia con cámaras en las distintas áreas del colegio, que omitió la revisión de los dispositivos que apuntaban al área del baño donde se practicaron los abusos contra los niños. Esto pese a los testimonios de docentes que aseguraban que tales cámaras sí existían.

Otros elementos presentados como denuncia son el retraso de 10 días que el MP permitió para la realización del examen médico-legal a varios de los niños víctimas, lo que pudo haber facilitado la cicatrización de las lesiones que habrían sufrido, de acuerdo con la descripción del abuso.

Y finalmente los señalamientos sobre el comportamiento de la directiva del colegio que incluyó desde comunicados oficiales donde presumieron inmediatamente la inocencia del docente Richard Marín, campañas de solidaridad publicas a su favor, solicitud de donaciones en dólares a través a través de internet, con el propósito de financiar los abogados del victimario y la ejecución de una campaña contra las víctimas presentando la denuncia como un supuesto ataque político contra la institución.