La solicitud hecha este jueves por la Unión Europea para que la Corte Penal Internacional (CPI) “inicie investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano”, se suma a los esfuerzos que en ese sentido ha venido realizando la Organización de Estados Americanos (OEA) desde el año pasado, explicaron a Caraota Digital fuentes diplomáticas.

Desde el año 2011, ciudadanos venezolanos, organizaciones no gubernamentales y hasta personalidades de otros países habían venido solicitando a la CPI investigar actuaciones violatorias de derechos humanos no sólo del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino también las del fallecido Hugo Chávez Frías, sin que nunca el organismo con sede en La Haya se hubiera pronunciado sobre el caso venezolano.

“Solo hay tres vías para que la CPI pueda iniciar un proceso de este tipo: que lo solicite el Consejo de Seguridad de la ONU, algún Estado firmante del Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional) o por iniciativa de la propia Fiscalía de la CPI”, explicaron las fuentes consultadas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, impulsó a finales de 2017 la realización de una serie de audiencias con el fin de que un grupo de expertos determinara si hay base para denunciar a las autoridades venezolanas ante la CPI por crímenes de lesa humanidad.

“El informe que recoge los resultados de esas audiencias ya está casi listo, y de eso ya se informó a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensoda. Muy pronto se le entregará el documento”, añadieron la fuentes.

Tras conocerse este jueves la resolución adoptada por la Unión Europea, Bensoda informó del inicio de un “examen preliminar” que analizará “crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte (Venezuela) al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”.

“Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la Corte Penal Internacional, he decidido abrir un examen preliminar”, apuntó la funcionaria.

Se espera que en esas “comunicaciones e informes” que documentan la situación de Venezuela estén incluidas también las presentadas por senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina a través de la Alianza Parlamentaria Democrática de América (Apda); la fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz y el observatorio checo de derechos humanos Casla, cuya directora ejecutiva es la venezolana Tamara Suju, entre otras.

Así es el proceso
De acuerdo a la ONG Proiuris, para comenzar con este juicio primero se debe verificar si estos hechos constituyen delitos establecidos en el Estatuto de Roma, tales como genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y agresión.

Posteriormente, si la fiscal considera que hay elementos concretos para iniciar una investigación, el siguiente paso es solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, y si esta considera que hay elementos suficientes y compete a las atribuciones de la CIP, se abre el caso.

A la espera que la solicitud sea aprobada la Fiscalía puede pedir, con carácter excepcional, que se le autorice a realizar las indagaciones que estime necesarias, lo que permitiría “realizar investigaciones en Venezuela, lo cual incluye entre otras posibilidades: a) reunir y examinar pruebas; b) hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos; c) solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato”.

Para que que la causa sea admitida debe considera que: “a) que su jurisdicción es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales; b) que efectivamente se trate de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el Estatuto de Roma; c) la existencia o no de proceso en la jurisdicción penal nacional”, de comprobarse eso se procede a iniciar la investigación.

Luego de este paso se procedería se dicta una orden de captura contra aquellas personas que hayan cometido esta clase de delitos, y después realizar la audiencia preliminar para conocer los alegatos que presente la Fiscalía. Tras cumplirse esta etapa se procede a instalar la Sala de Primera Instancia para celebrar el juicio de carácter público con las presencias de los acusados.

La pena no excede los 30 años pero en caso que se consideren que los delitos son de “extrema gravedad” se aplica la reclusión de perpetuidad. La sentencia puede se apelada, pero en caso que se dicte privativa de libertad y “esta se cumplirá en un Estado que haya manifestado estar dispuesto a recibir condenados”.