El mandatario venezolano ha sido punto central de todas las quejas de la población, el motivo de desesperanza, desilusiones y lamentaciones, así como el único responsable de las políticas erradas que han llevado al país a la decadencia.

Tal parece que esa desesperación del mandatario “chavista” ha llegado a tal punto que solicitó supuestamente asesoría internacional para enfrentar el inminente proceso que le abrirá la Corte Penal Internacional de La Haya, y no es de sorprenderse, ya que Maduro es criticado en todo el mundo por las decisiones que ha tomado en los últimos meses con respecto a la crisis y los derechos humanos.

Ante ello, el periodista venezolano Alberto Ravell reveló este domingo que el ex magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, arribó a Caracas, dejando en el aire la pregunta sobre a quién asesora, sin embargo, horas después el abogado Omar Estacio indicó que el jurista europeo asumirá presuntamente la defensa del presidente Maduro en La Haya.

El 22 de febrero de 2012 Garzón fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo español a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel, el cual es una investigación iniciada en noviembre de 2007 sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.

Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o el de director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

El 29 de noviembre de 2012 recibió de manos de Cristina Fernández de Kirchner su documento de identidad de residente extranjero en Argentina. Allí fue coordinador de asesoramiento internacional en la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, hasta que renunció al puesto en enero de 2016, tras el fin del mandato de Kirchner.

En Colombia, asesoró a la Fiscalía General. En Ecuador fue designado coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, cuyo informe final fue presentado el 13 de diciembre de 2012.

El pasado 16 de noviembre la Fiscal General de la República que fue destituida por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, denunció a Maduro, y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y dijo que su gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan “de limpieza social”.




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