La Organización de los Estados Americanos (OEA) analizó este lunes si en la justicia venezolana hay o no un patrón de parcialidad al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro, en la tercera ronda de audiencias públicas sobre los posibles crímenes contra la humanidad cometidos en el país.

En la sesión expusieron sus denuncias en la sede de la OEA en Washington cinco personas relevantes para el estudio del caso, entre ellos la jueza que emitió la orden de privación de libertad del opositor Leopoldo López, ahora en prisión domiciliaria. La exjueza del Área Metropolitana de Caracas, Ralenis Tovar, que intervino a través de Skype desde Canadá, dijo que firmó esa orden judicial “por miedo a salir presa y al sentirse amedrentada”.

“Entonces era madre sola con una niña de 15 años, eso me llevó a firmar esa orden judicial”, indicó. Preguntada por si en Venezuela existe un “patrón de intimidación a los jueces de forma amplia y sistemática”, aseguró que “sí, por supuesto”, ya que “hasta que no logran lo que quieren, intimidan constantemente”. En su opinión, la justicia de Venezuela “se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional”.

“Me mandaron a firmar la orden de aprehensión de Leopoldo López, pedí revisarla y me amenazaron preguntándome si quería ser la próxima juez Afiuni”, añadió.

Ese punto de vista lo comparte Pedro Troconis, magistrado del Tribunal Supremo paralelo que designó en julio el Parlamento, de mayoría opositora, y cuyos miembros están desde entonces perseguidos por la Justicia venezolana. “En 2015 una Asamblea Nacional en salida eligió en escasos 15 días a un grupo de magistrados y dejaron de cumplir ciertos pasos para la correcta elección de esos jueces”, argumentó en su intervención. Días después de la victoria opositora en las legislativas de 2015, el Parlamento chavista saliente invistió, antes de ceder el control a la nueva mayoría, a 33 magistrados.

Con el argumento de que ese proceso estuvo “lleno de irregularidades”, el Parlamento actual, controlado por la oposición, designó el pasado julio a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la idea de que reemplacen a los 33 jueces en ejercicio de esa instancia, a la que acusan de servir al Gobierno. Los jueces nombrados por la oposición llevan desde entonces ya más de dos meses perseguidos por la justicia.