El debate acerca de cómo denominar al gobierno venezolano lo zanjó el diario Folha de Sao Paulo apelando a su manual de estilo: “dominación de una sociedad por medio de un gobierno autoritario ejercido por una persona o un grupo, con represión y supresión o restricciones de las libertades individuales”. A eso lo llaman dictadura. Y desde el 5 de agosto en el diario brasileño escriben “el dictador Nicolás Maduro”.

Por: Óscar Medina

No es un mero asunto de redacción. En su editorial de ese día, Folha argumentó la decisión: el acelerado deterioro de la democracia, la abolición de los poderes del Legislativo, la manipulación del Poder Judicial, el encarcelamiento de opositores, las restricciones a la libre prensa, y la represión contra las protestas que produjo más de 150 muertos, a lo que se suma la elección de una Asamblea Nacional Constituyente bajo reglas y condiciones manipuladas para favorecer al chavismo. Un resumen, muy compacto, de lo mucho que sucede en el país del socialismo del siglo XXI.

Hasta hace apenas unos meses los venezolanos considerábamos como radicales a quienes se referían al gobierno de Maduro como dictadura. Preferíamos, en todo caso, el término “régimen”, una idea más amplia que quizás podía abarcar la compleja naturaleza de un sistema autoritario consolidado por la vía del voto.

Las elecciones de diputados del 6 de diciembre de 2015 sembraron la esperanza de un cambio. La posibilidad de poner freno a las peores inclinaciones del régimen “cívico-militar” asomaron con el relevo en la conducción del Parlamento: ahora la oposición democrática se instalaría como mayoría. Pero los estrategas del chavismo ya habían movido sus fichas: una de las últimas actuaciones de la directiva saliente de la Asamblea Nacional fue nombrar –la noche del 23 de diciembre de 2015- a un grupo de fieles oficialistas a cargo del Tribunal Supremo de Justicia. Y rápidamente el Poder Judicial se convirtió en el muro donde se estrellaron –y lo siguen haciendo- todas las decisiones parlamentarias que afecten a las arbitrarias decisiones del Ejecutivo.

Fue así como el Tribunal Supremo se convirtió –ya sin disimulos- en gobierno. En un gobierno de sentencias.

La opinión pública internacional pudo ver con mayor claridad las implicaciones de esta movida el 28 de marzo de 2016, día en que el TSJ publicó las sentencias 155 y 156 que en la práctica anulaban las facultades del Parlamento y las traspasaban a las manos del presidente Maduro. Y lo entendieron mejor cuando la propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, explicó que aquello no era otra cosa que una ruptura del orden constitucional. Es decir, el auto golpe al que hizo referencia el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenando de inmediato estas decisiones y convocando de urgencia al Consejo Permanente de la OEA.

Ya entonces se podía hablar de dictadura? Maduro ordenó una “revisión” de las sentencias y la Sala Constitucional del TSJ actuó de inmediato revirtiéndolas parcialmente, con lo cual quedó en evidencia cómo es que los magistrados atienden a la voz de mando. El daño ya estaba hecho. Y de todas maneras, para el momento ya había más de 50 sentencias anteriores que anulaban el trabajo de los diputados.

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